Por: Randiel J. Negrón Torres

           En enero de 2017 quien fuera recién electo gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, firmó uno de los peores proyectos de ley que aprobaría bajo su Gobierno: la Reforma Laboral. Semanas antes de juramentar como primer ejecutivo, la Junta de Control Fiscal le envió una carta a Rosselló exigiéndole mayor flexibilidad sobre los derechos laborales, específicamente en aquellos que impactan directamente al sector privado. Pasaría exactamente un mes desde aquella comunicación de la Junta hasta que se aprobara el proyecto. A las vistas públicas se presentaron varias organizaciones sindicales que advirtieron lo negativo y problemático que sería reducir y/o eliminar las garantías laborales en medio de la creciente y mayor crisis económica en la historia de nuestro país. Por otro lado, en los medios corporativos de la isla, podíamos apreciar anuncios de organizaciones empresariales defendiendo la aprobación y aplicación de la Reforma; dicho y hecho.

De este modo, se aprobó el proyecto y con él se redujeron los días acumulables por concepto de licencia de enfermedad y vacaciones; se extendió el periodo de probatoria de 3 a 9 meses (pueden ser hasta 12) convirtiéndonos en el único país de todo el continente americano, desde Canadá hasta Chile, con un período de probatoria tan extenso dónde podemos trabajar y ser despedidxs en cualquier momento aunque sea por mero capricho; se redujo el periodo de descanso entre turnos de trabajo y; se redujo el período de descanso para alimentarse, mejor conocido como ‘break’, entre otras barbaridades. En este punto nos preguntamos, ¿y a cambio de qué redujimos nuestros derechos? La respuesta es tan falsa como lobo disfrazado de oveja. La Reforma Laboral se aprobó bajo la promesa de mayores y mejores oportunidades de empleo fundamentadas en la inversión de un capital extranjero que nunca llegó.

Hoy en día, la realidad es muy distinta a lo que nos prometían desde el Capitolio en 2017. Las estadísticas de desempleo en el archipiélago y la ausencia de expectativa laboral y de alta calidad de vida dejan en evidencia la falacia de la supuesta necesidad de reducir y eliminar nuestras protecciones laborales. Cuatro años después nos encontramos en el peor momento posible para mantener desprotegida a nuestra clase trabajadora. Por primera vez en la historia el salario mínimo lleva más de una década sin aumentarse, aunque el costo de vida ha aumentado a lo largo de los últimos 12 años. Cada vez son más y más las personas que necesitan múltiples trabajos para cubrir los gastos de sus necesidades básicas. Comenzar a trabajar tiene más tiempo de probatoria que muchos delitos menos graves. No existe expectativa de disfrute de vacaciones pagas y mucho menos de un retiro digno.

Por primera vez, después de tantos años, nos encontramos ante la posibilidad de revertir la Reforma y recuperar y ampliar los derechos que tanta falta harán para afrontar la inseguridad, inequidad y desmotivación laboral. El proyecto del Senado PS123 busca hacer justicia a la clase trabajadora que cada día es más joven, feminizada y racializada. Por otro lado, el PS91 propone eliminar el grosor de la Reforma, pero nuestra ambición debe ser todo el pastel hasta la cereza. Nos encontramos ante la posibilidad de ganarle la revancha a la clase empresarial que tanto se ha enriquecido de los desastres naturales y crisis económica en Puerto Rico.

Durante el último cuatrienio hemos sufrido huracanes, terremotos, pandemia y corrupción gubernamental. Como dijera Galeano, la serpiente siempre muerde a las personas descalzas; dicho de otro modo, la cuerda siempre partirá por lo más finito. La juventud puertorriqueña es quien vive la peor parte de la crisis sin fin y de las violencias de este Gobierno. Mientras las estadísticas demográficas reflejan que nos encontramos ante la generación puertorriqueña con mayor nivel de escolaridad, los datos laborales evidencian que esa misma generación trabaja más por menos y sin mencionar que las oportunidades de empleo se encuentran en trabajos precarizados, con bajos salarios y con pocos o ningún derecho laboral, que en la mayoría de las veces poco o nada tiene que ver con el área de estudio en el que nos formamos.

Es hora de evitar que nos tengamos que seguir yendo del país y destruyendo familias para buscar calidad de vida en otros lugares; es hora de evitar que tengamos que trabajar en dos y tres empleos para poder pagar la luz y la renta. No solo debemos recuperar nuestros derechos, también se debe dirigir la política pública para mejorar la calidad de vida y que podamos pasar más tiempo con nuestras familias, amistades o con nosotrxs mismxs. Es hora de aprobar el PS123; es hora de aprobar el fin de la Reforma Laboral.

Randiel J. Negrón Torres es activista y estudiante graduado del programa de maestría en Protección Jurídica de Grupos Vulnerabilizados en la Universidad de Oviedo en España. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Laborales, grado menor en Cooperativismo y grado menor en Derechos Humanos por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fue miembro del Consejo General de Estudiantes y del Movimiento Estudiantil del recinto de Río Piedras. 

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