Es una gran verdad cuando se dice que Brasil es un país muy desigual. Esta desigualdad se presenta cuando aproximadamente 13.5 millones de personas viven en extrema pobreza obteniendo sueldos míseros de cerca de $1.90 USD por día. La mayoría de las personas en estas condiciones son de raza negra y es esta misma población la que durante décadas ha sido desplazada a los barrios más alejados de las metrópolis o hacía comunidades rurales, olvidadas por el gobierno, mejor conocidas como favelas. Este orden es el mismo que sostiene el apartheid en el país entero donde la pobreza, el crimen, el narcotráfico y la violencia policiaca parece algo exclusivo y único de la población negra. Protegiendo y tomando solo en consideración los intereses de la población blanca por encima de cualquier otra.

Dejando eso claro, es la población negra y empobrecida la que más se beneficia del Sistema Único de Salud (SUS). Este sistema es una red de servicios médicos completamente gratuito para todos los ciudadanos, independientemente de cual sea su estatus social, raza o ingreso. Es decir, el SUS, como se le conoce por sus siglas, es uno totalmente público y accesible para todos las y los brasileños. El SUS no solo brinda servicios médicos de emergencia y consultas casuales: brinda campañas de vacunación, medicinas, tratamiento para el VIH o SIDA, tratamientos para el cáncer y más.

El presidente Jair Bolsonaro, quien se conoce mundialmente por sus posturas ultra-conservadoras y muy parecidas al ya expresidente de Estados Unidos Donald Trump, una vez más ataca a la clase obrera, negra e indígena al querer privatizar este servicio tan esencial y de gran beneficio para la población entera. ¡En medio de una pandemia! Siendo Brasil ahora mismo uno de los epicentros de infección del coronavirus a nivel mundial, contando con aproximadamente unos 5.5 millones de casos confirmados y unas 159,000 muertes desde el mes de marzo de este año hasta la fecha.

Esta «unión con el sector privado» se daría bajo el reclamo de que el SUS necesitaba ser reformado y tenía «una falta de recursos financieros, la necesidad de adquirir más equipo médico y la contratación de personal,» según el mismo presidente menciona. Sin embargo, la constitución brasileña declara ilegal la privatización de los servicios de salud y el deber de que estos sistemas sean protegidos de cualquier medida que pretenda cobrarles a los ciudadanos. Esta movida no es solo una cruel e inhumana en este contexto de pandemia, sino que también inconstitucional.

A cualquiera con el más mínimo sentido común le parecería absurdo impulsar esta medida considerando que un grandísimo porciento de la población no gana ni siquiera dos dólares diarios o que muchas comunidades indígenas no tienen siquiera un centro de salud cercano a ellas. ¡Casi parecería un intento de genocidio y exterminación de estas comunidades!

Para añadirle a la crisis, por causa de la pandemia se distribuyó una ayuda del gobierno llamado ‘auxilio de emergencia’ que prometía otorgar 600 reales ($100 USD) de ayuda económica, sin embargo, el ministro de economía Paulo Guedes defendió el que 200 reales ($34 USD) eran más que necesario para sobrevivir en la crisis. Casualmente resulta que Paulo Guedes es la otra figura en el gobierno brasileño que, junto a Bolsonaro, impulsaba la privatización del Sistema Único de Salud sin tener ningún tipo de experiencia o conocimiento de la rama salubrista. ¡Que combinación más desastrosa!

Millones de personas sin trabajo o que trabajan ganando una miseria, un país sumido en la crisis del coronavirus y la posible privatización de un sistema público y gratuito de salud. Esto es la suma receta para el desastre. Un genocidio disfrazado de austeridad bajo el slogan de tener que «velar por la economía.» Sabemos que la población blanca, cristiana, metropolita del país podrá pagarlo mientras les negres, les indígenas, les de las favelas y campos, no. Ya hace mucho tiempo que Bolsonaro y sus secuaces tales como Guedes les han declarado la guerra a estas poblaciones que son mayoría en Brasil.

Gracias a la enorme presión política que se ha dado en estos días, tanto en protestas como en las redes sociales, el plan de privatizar el SUS fue revocado por el mismo presidente y anunciado en su red social. Queda seguir teniendo a estos hombres bajo nuestro ojo vigilante y no caer en sus juegos ni reparticiones de contratos que pretenden dejar morir a aquellos que no pueden llenarle los bolsillos.

Bajo Bolsonaro no hay orden ni progreso.

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