No necesitamos más asesores

Por: Randiel J. Negrón Torres y César Atresino Martínez

El pasado 19 de mayo el gobernador Pedro Pierluisi emitió una orden ejecutiva creando un grupo asesor que evaluará la posibilidad de aumentar el salario mínimo. Esta orden se emite en el contexto en el que la legislatura está considerando varios proyectos de ley sobre las condiciones de trabajo en el sector privado incluyendo el tema del salario.

El grupo asesor está compuesto por varios miembros de la Coalición del sector privado quienes controlan la vasta mayoría de las empresas más grandes y con más empleados en nuestro país. Algunas de las asociaciones patronales que conforma esta Coalición son la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos, la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio y la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico. Esta Coalición, formada en 2005, ha apoyado la creación de legislaciones y políticas neoliberales como la privatización del Aeropuerto LMM, el rechazo a proyectos de alzas salariales y la Reforma Laboral del 2017.

De todos modos, no es la primera vez que el primer Ejecutivo ordena la creación de un organismo que evalúe la posibilidad de aumentar el salario, pero sí nos encontramos ante la posibilidad de aumentar el salario mínimo a nivel estatal por primera vez en el presente siglo. En 1998, hace ya 23 años, se aprobó la ley 180 que ordena que el salario mínimo en nuestro país sea idéntico al salario mínimo federal de los Estados Unidos. En esa época, el salario mínimo estaba alrededor de 5 dólares. 11 años después, en 2009, entró en vigor el más reciente salario de $7.25. Han pasado 12 años desde entonces. En el caso del salario sub-mínimo para las personas que cobran a base de propinas, el último aumento entró en vigor en 1991: hace ya 30 años. Según el Bureau of Labor Statistics el salario de $7.25 lo cobra un 30% del total de nuestra fuerza de trabajo. En el caso de Estados Unidos, a nivel federal, esa cifra no supera el 3%.

Nuestra economía concentra una gran mayoría de sus empleos en los sectores del servicio y el comercio: tiendas de ropa, restaurantes y restaurantes de comida rápida, cines, supermercados, tiendas al por mayor, etc. Hablamos de sectores dónde no se requiere una alta cualificación o formación y sí mucha flexibilidad en términos de horarios y condiciones. Las personas suelen recurrir a tener dos y tres trabajos para lograr tener ingresos suficientes para sobrevivir. Muchas de estas personas son jóvenes, mujeres y/o cuerpos feminizados o racializados.

En el pasado mes de enero, el Gobernador emitió una Orden en la cual se declara un Estado de Emergencia por la violencia de género. Esta Orden creó el comité PARE para trabajar este asunto. Nos llama la atención que no haya ni una sola representación del departamento del Trabajo o de ningún sector empresarial o sindical. Abunda evidencia empírica de la desproporción matemática que sufren las mujeres o los cuerpos femme sobre el hostigamiento y el acoso en sus centros de trabajo. Por otro lado, y si entendemos que son más las mujeres quienes cobran el $7.25 y el $2.13, y entendiendo que en su mayoría son el único sustento de sus respectivas familias monomarentales, entonces no se explica que en el nuevo “grupo asesor” no haya ni una sola representación de alguna agencia o colectivo de mujeres. El peor ciego; el que no quiere ver.

Según el U.S. Census Bureau el índice de pobreza en Estados Unidos y Puerto Rico gira alrededor de los $1,080 mensuales. Una persona que cobra $7.25 por hora, por 40 horas a la semana durante las 52 semanas del año, tiene un ingreso de $1,303 mensuales. En un hogar donde viven dos personas, por ejemplo, mamá e hijx, el índice de pobreza se coloca en $1,486 mensuales. Según algunxs economistas puertorriqueñxs, el salario óptimo en Puerto Rico es de $8.50 para proteger la economía de las empresas, pero cobrar ese salario nos da un máximo $1,473 mensuales. De nuevo, ese salario óptimo no alcanza para ser papá o mamá soltera sin salir del umbral de pobreza.

En febrero de 2021, hace 3 meses, se presentó un proyecto en el Congreso de Estados Unidos para aumentar el salario mínimo a $15.00 y de paso eliminar el sub-mínimo de las propinas. El proyecto obtuvo 264 votos de los 267 que necesitaba para ser aprobado. A escala federal, 29 estados ya han aumentado el salario mínimo de $7.25 y $2.13. En el presente cuatrienio se han presentado proyectos de ley para aumentar el mínimo en Puerto Rico, pero sólo aumentan a $8.50 el salario mínimo estatal y dejan intocable el salario sub-mínimo del $2.13.

Si el salario mínimo no cumple con su función original (evitar que las personas estén bajo nivel de pobreza) y, encima, el costo de todo sigue en aumento (aumenta la luz, agua, renta, peaje, gasolina, estudios, comida, etc.), entonces el $7.25 y el $2.13 no dan para vivir. No está claro si se aumentará el salario mínimo este o el próximo año, pero lo que sí está más que claro es que NO NECESITAMOS MÁS ASESORES.

Randiel J. Negrón Torres es activista y estudiante graduado del programa de maestría en Protección Jurídica de Grupos Vulnerabilizados en la Universidad de Oviedo en España. Cuenta con un bachillerato en Relaciones Laborales, grado menor en Cooperativismo y grado menor en Derechos Humanos por la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Fue miembro del Consejo General de Estudiantes y del Movimiento Estudiantil del recinto de Río Piedras.

César es un obrero y estudiante. Natural del pueblo Sabana Grande. Cuenta con un bachillerato en Ciencias Sociales y una maestría en Sociología por la Universidad de Puerto Rico. Ha trabajado dentro de la industria de restaurantes y otras ocupaciones manuales. Actualmente es organizador en Alianza Rebeldía.

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